Lucia Savarese & Asociados

Estudio Jurídco – Tributario

NUEVA LEY DE MEDIACIÓN JUDICIAL OBLIGATORIA.

Mediante el dictado de la Ley Nª 26.589 que fue promulgada en el Boletín Oficial mediante el decreto 619/2010 se dispone que para ser mediador se debe poseer “título de abogado con tres años de antigüedad en la matrícula”.

Esta ley establece que este instituto tendrá carácter obligatorio previo a los procesos judiciales, al tiempo que deja en manos de los abogados su competencia exclusiva.

Recordemos que esta iniciativa fue apoyada desde un primer momento por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a pesar de la tenaz oposición esgrimida por la Diputada Nacional – PRO – María Paula Bertol, quien pretendía que la mediación no fuera competencia exclusiva de los abogados.

Uno de los artículos más importantes es el art. 11 donde se deja en claro que para ser mediador se deberá poseer “título de abogado con tres años de antigüedad en la matrícula”, además de aprobar un examen de idoneidad y estar anotado en el Registro Nacional de Mediación.

El texto completo de la ley establece: 

Ley 26.589

MEDIACION Y CONCILIACION

PODER LEGISLATIVO NACIONAL

B.O.: 06/05/10

 Establécese con carácter obligatorio la mediación previa a procesos judiciales.

 Sancionada: Abril 15 de 2010 Promulgada: Mayo 3 de 2010

 Artículo 1.- Objeto. Se establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicia, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia.

 Artículo 2.- Requisito de admisión de la demanda. Al promoverse demanda judicial deberá acompañarse acta expedida y firmada por el mediador interviniente.

 Artículo 3.- Contenido del acta de mediación

 En el acta de mediación deberá constar:

a) Identificación de los involucrados en la controversia;

b) Existencia o inexistencia de acuerdo;

c) Comparecencia o incomparecencia del requerido o terceros citados notificados en  forma fehaciente o posibilidad de notificarlos en el domicilio denunciado;

d) Objeto de la controversia;

e) Domicilios de las partes, en los cuales se realizaron las notificaciones de las audiencias de mediación;

f) Firma de las partes, los letrados de cada parte y el mediador interviniente;

g) Certificación por parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de la firma del mediador interviniente en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.

 Artículo 4.- Controversias comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria. Quedan comprendidas dentro del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria todo tipo de controversias, excepto las previstas en el artículo 5º de la presente ley.

Artículo 5.- Controversias excluidas del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:

a) Acciones penales;

b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas.

El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador;

c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 841 del Código Civil;

d) Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación;

e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;

f) Medidas cautelares;

g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;

h) Juicios sucesorios;

i) Concursos preventivos y quiebras;

j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo 10 de la ley 13.512;

k) Conflictos de competencia de la justicia del trabajo; l) Procesos voluntarios.

Artículo 6.- Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

En los casos de ejecución y desalojos el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria será optativo para el reclamante sin que el requerido pueda cuestionar la vía.

Artículo 7.- Principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

El procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se ajustará a los siguientes principios:

a) Imparcialidad del mediador en relación a los intereses de las partes intervinientes en el proceso de mediación prejudicial obligatoria;

b) Libertad y voluntariedad de las partes en conflicto para participar en la mediación;

c) Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación;

d) Consideración especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y personas mayores dependientes;

e) Confidencialidad respecto de la información divulgada por las partes, sus asesores o los terceros citados durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria;

f) Promoción de la comunicación directa entre las partes en miras a la búsqueda creativa en cooperativa de la solución del conflicto;

g) Celeridad del procedimiento en función del avance de las negociaciones y cumplimiento del término fijado, si se hubiere establecido;

h) Conformidad expresa de las partes para que personas ajenas presencien el procedimiento de mediación rejudicial obligatoria.

En la primera audiencia el mediador deberá informar a las partes sobre los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

Artículo 8.- Alcances de la confidencialidad.

La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o cualquier otro material de trabajo que las partes hayan confeccionado o evalúen a los fines de la mediación.

La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes.

Artículo 9.- Cese de la confidencialidad.

La obligación de la confidencialidad cesa en los siguientes casos:

a) Por dispensa expresa de todas las partes que intervinieron;

b) Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose.

El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de excepción surgir de manera evidente.

Artículo 10. – Actuación del mediador con profesionales asistentes. Los mediadores podrán actuar, previo consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la mediación, y cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria.

Estos profesionales actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador nterviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y su

reglamentación.

Artículo 11. – Requisitos para ser mediador.

Los mediadores deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Título de abogado con tres (3) años de antigüedad en la matrícula;

b) Acreditar la capacitación que exija la reglamentación;

c) Aprobar un examen de idoneidad;

d) Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Mediación;

e) Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 12. – Requisitos para ser profesional asistente. Los profesionales asistentes

deberán reunir los requisitos exigidos para los mediadores en el artículo 11, incisos b),

d) y e).

Artículo 13. – Causas de excusación de los mediadores. El mediador deberá excusarse,

bajo pena de inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación para la excusación de los jueces.

También deberá excusarse durante el curso de la mediación, cuando advierta la

existencia de causas que puedan incidir en su imparcialidad.

Cuando el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el excusado será

reemplazado por quien le siga en el orden de la propuesta.

Artículo 14. – Causas de recusación de los mediadores. Las partes podrán recusar con

causa a los mediadores en los mismos supuestos mencionados en el primer párrafo del

artículo 13, dentro de los cinco (5) días de conocida la designación. Cuando el mediador

hubiera sido designado por sorteo, se practicará inmediatamente nuevo sorteo. Cuando

el mediador hubiera sido propuesto por el requirente, el recusado será reemplazado por

quien le siga en el orden de la propuesta.

Cualquiera de las partes podrá recusar al mediador durante el curso de la mediación,

cuando advierta la existencia de causas sobrevinientes que puedan incidir en su

imparcialidad. Si el mediador no aceptara la recusación la cuestión será decidida

judicialmente.

Artículo 15. – Prohibición para el mediador. El mediador no podrá asesorar ni patrocinar

a ninguna de las partes intervinientes en los procedimientos de mediación prejudicial

obligatoria en los que hubiera intervenido, hasta pasado un (1) año de su baja formal del

Registro Nacional de Mediación.

La prohibición es absoluta en relación al con- flicto en que intervino como mediador.

Artículo 16. – Designación del mediador.

La designación del mediador podrá efectuarse:

a) Por acuerdo de partes, cuando las partes eligen al mediador por convenio escrito;

b) Por sorteo, cuando el reclamante formalice el requerimiento ante la mesa de entradas

del fuero ante el cual correspondería promover la demanda y con los requisitos que

establezca la autoridad judicial. La mesa de entradas sorteará al mediador que

intervendrá en el reclamo y asignará el juzgado que eventualmente entenderá en la

causa. El presentante entregará al mediador sorteado el formulario debidamente

intervenido por la mesa de entradas del fuero en el término de cinco (5) días hábiles;

c) Por propuesta del requirente al requerido, a los efectos de que éste seleccione un

mediador de un listado cuyo contenido y demás recaudos deberán ser establecidos por

vía reglamentaria;

d) Durante la tramitación del proceso, por única vez, el juez actuante podrá en un

proceso judicial derivar el expediente al procedimiento de mediación. Esta mediación se

cumplirá ante mediadores inscriptos en el Registro Nacional de Mediación, y su

designación se efectuará por sorteo, salvo acuerdo de partes respecto a la persona del

mediador.

Artículo 17. – Suspensión de términos. En los casos contemplados en el artículo 16

inciso d), los términos del expediente judicial quedarán suspendidos por treinta (30) días

contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes y

se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las

partes.

Artículo 18. – Prescripción y caducidad. La mediación suspende el plazo de prescripción

y de la caducidad en los siguientes casos:

a) En la mediación por acuerdo de partes, desde la fecha de imposición del medio

fehaciente de notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración

de la misma, lo que ocurra primero;

b) En la mediación por sorteo, desde la fecha de adjudicación del mediador por la

autoridad judicial;

c) En la mediación a propuesta del requirente, desde la fecha de imposición del medio

fehaciente de notificación de la primera audiencia al requerido, o desde la celebración

de la misma, lo que ocurra primero.

En los dos primeros supuestos, la suspensión opera contra todas las partes. En el caso

del inciso c), únicamente contra aquél a quien se dirige la notificación.

En todos los casos, el plazo de prescripción y de caducidad se reanudará a partir de los

veinte (20) días contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento de

mediación prejudicial obligatoria se encuentre a disposición de las partes.

Artículo 19. – Comparecencia personal y representación. Las partes deberán comparecer

personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas

jurídicas y a las domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad en

la que se celebren las audiencias. El apoderado deberá contar con facultad de acordar

transacciones.

Quedan eximidos de comparecer personalmente quienes se encuentren autorizados a

prestar declaración por oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 407 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La asistencia letrada es obligatoria. Se

tendrá por no comparecida a la parte que concurriere a las audiencias sin asistencia

letrada, salvo que las partes acordaren la determinación de una nueva fecha para

subsanar la falta.

Artículo 20. – Plazo para realizar la mediación. El plaz

Artículo 20. – Plazo para realizar la mediación. El plazo para realizar la mediación será

de hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última notificación al requerido o al

tercero. En el caso previsto en el artículo 6º, el plazo será de treinta (30) días corridos.

En ambos supuestos el término podrá prorrogarse por acuerdo de partes.

Artículo 21. – Contacto de las partes con el mediador antes de la fecha de audiencia. Las

partes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la

audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.

Artículo 22. – Citación de terceros. Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la

intervención de un tercero, de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, o por el

tercero, en todos los casos con acuerdo de las partes, podrá citarlo a fin de que

comparezca a la instancia mediadora.

El tercero cuya intervención se requiera debe ser citado en la forma y con los recaudos

establecidos para la citación de las partes.

Si el tercero incurriere en incomparecencia injustificada no podrá intervenir en la

mediación posteriormente.

Artículo 23. – Audiencias de mediación.

El mediador fijará la fecha de la primera audiencia a la que deberán comparecer las

partes dentro de los quince (15) días corridos de haberse notificado de su designación.

Dentro del plazo establecido para la mediación, el mediador podrá convocar a las partes

a todas las audiencias que considere necesarias para el cumplimiento de los fines

previstos en la presente ley.

Artículo 24. – Notificación de la audiencia. El mediador deberá notificar la audiencia

por un medio fehaciente o personalmente. La notificación deberá ser recibida por las

partes con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles. La notificación por cédula

sólo procede en las mediaciones previstas en el artículo 16 inciso b) de la presente ley.

Si el requerido se domiciliase en extraña jurisdicción, la diligencia estará a cargo del

letrado de la parte requirente y se ajustará a las normas procesales vigentes en materia

de comunicaciones entre distintas jurisdicciones. Si el requerido se domiciliase en otro

país, se considerarán prorrogados los plazos durante el plazo de trámite de la

notificación. A criterio del mediador, podrá solicitarse la cooperación del juez

designado a fin de librar exhorto o utilizar un medio que se considere fehaciente en el

lugar donde se domicilie el requerido.

El contenido de la notificación se establecerá por vía reglamentaria.

Artículo 25. – Incomparecencia de las partes. Si una de las partes no asistiese a la

primera audiencia con causa justificada, el mediador fijará una nueva audiencia. Si la

incomparecencia de la parte requerida fuera injustificada, la parte requirente podrá optar

por concluir el procedimiento de la mediación o convocar a nueva audiencia.

Si la requirente incompareciera en forma injustificada, deberá reiniciar el procedimiento

de mediación prejudicial obligatoria.

Artículo 26. – Conclusión con acuerdo. Cuando durante el procedimiento de mediación

prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo de las partes, se labrará acta en la que

constarán sus términos. El acta deberá ser firmada por el mediador, las partes, los

terceros si los hubiere, los letrados intervinientes, y los profesionales asistentes si

hubieran intervenido.

Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados intereses de

incapaces y se arribare a un acuerdo, éste deberá ser posteriormente sometido a la

homologación judicial.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de

parte, la multa establecida en el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación.

Artículo 27. – Conclusión sin acuerdo. Si el proceso de mediación concluye sin acuerdo

de las partes, se labrará acta suscripta por todos los comparecientes donde se hará

constar el resultado del procedimiento. El requirente queda habilitado para iniciar el

proceso judicial acompañando su ejemplar del acta con los recaudos establecidos en la

presente ley.

La falta de acuerdo también habilita la vía judicial para la reconvención que pudiere

interponer el requerido, cuando hubiese expresado su pretensión durante el

procedimiento de mediación y se lo hiciere constar en el acta.

Artículo 28. – Conclusión de la mediación por incomparecencia de las partes. Si el

proceso de mediación concluye por incomparecencia injustificada de alguna de las

partes o por imposibilidad de notificación, se labrará acta suscripta por todos los

comparecientes donde se hará constar el resultado del procedimiento. El reclamante

queda habilitado para iniciar el proceso judicial, a cuyo fin acompañará su ejemplar del

acta con los recaudos establecidos en la presente ley. La parte incompareciente deberá

abonar una multa cuyo monto será equivalente a un cinco por ciento (5%) del sueldo

básico de un juez nacional de primera instancia y cuya modalidad de percepción se

establecerá por vía reglamentaria.

Artículo 29. – Todos los procedimientos mediatorios, al concluir, deberán ser

informados al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a los fines de su

registración y certificación de los instrumentos pertinentes.

Artículo 30. – Ejecutoriedad del acuerdo instrumentado en el acta de mediación. El

acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador será ejecutable por el

procedimiento de ejecución de sentencia, de cnformidad con lo dispuesto por el artículo

500 inciso 4) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 31. – Mediación familiar. La mediación familiar comprende las controversias

patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones de familia o que

involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo

matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo 5º inciso b) de la presente ley.

Se encuentran comprendidas dentro del proceso de mediación familiar las controversias

que versen sobre:

a) Alimentos entre cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que

determina el artículo 375 del Código Civil;

b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación o modificación se funde en motivos

graves que serán evaluados por el juez o éste disponga las medidas cautelares que

estime pertinentes;

c) Régimen de visitas de menores o incapaces, salvo que existan motivos graves y

urgentes que impongan sin dilación la intervención judicial;

d) Administración y enajenación de bienes sin divorcio en caso de controversia;

e) Separación personal o separación de bienes sin divorcio, en el supuesto del artículo

1294 del Código Civil;

f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad de

matrimonio;

g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de familia.

Artículo 32. – Conclusión de la mediación familiar. Si durante el proceso de mediación

familiar el mediador tornase conocimiento de circunstancias que impliquen un grave

riesgo para la integridad física o psíquica de las partes involucradas o de su grupo

familiar, dará por concluida la mediación. En caso de encontrarse afectados intereses de

menores o incapaces, el mediador lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público de

la Defensa a fin de que solicite las medidas pertinentes ante el juez competente.

Artículo 33. – Mediadores de familia. Los mediadores de familia deberán inscribirse en

el Registro Nacional de Mediación que organizará y administrará el Ministerio de

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la

reglamentación que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que deberá

incluir necesariamente la capacitación básica en mediación, y la capacitación específica

que exija la autoridad de aplicación.

Artículo 34. – Profesionales asistentes. Los profesionales asistentes deberán inscribirse

en el Registro Nacional de Mediación, en el capítulo correspondiente al Registro de

Profesionales Asistentes que organizará y administrará el Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos. El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación

que determinará los requisitos necesarios para la inscripción, que deberá incluir

necesariamente la capacitación básica en mediación, y la capacitación específica que

exija la autoridad de aplicación

Artículo 35. – Honorarios del mediador y de los profesionales asistentes. La

intervención del mediador y de los profesionales asistentes se presume onerosa. El

mediador percibirá por su desempeño en la mediación, un honorario básico cuyo monto

y condiciones de pago se establecerán reglamentariamente por el Poder Ejecutivo

nacional.

Artículo 36. – Falta de recursos de las partes. Quien se encuentre en la necesidad de

litigar sin contar con recursos de subsistencia y acreditare esta circunstancia podrá

solicitar el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en forma gratuita. El

procedimiento de mediación prejudicial obligatoria y gratuita se llevará a cabo en los

centros de mediación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y en

centros de mediación públicos que ofrezcan este servicio. El Poder Ejecutivo nacional

establecerá, en oportunidad de reglamentar esta ley, la oficina administrativa que tomará

a su cargo la diligencia, la forma y el modo en que se realizará la petición y la

prestación del servicio.

Artículo 37. – Honorarios de los letrados de las partes. La remuneración de los abogados

de las partes se regirá de acuerdo con lo establecido por la Ley de Aranceles de

Abogados y Procuradores y las pautas del artículo 1627 del Código Civil.

Artículo 38. – Entidades formadoras. Se considerarán entidades formadoras a los fines

de la presente ley aquellas entidades públicas o privadas, de composición unipersonal o

pluripersonal, dedicadas de manera total o parcial a la formación y capacitación de

mediadores.

Artículo 39. – Requisitos de las entidades formadoras. Las entidades formadoras

deberán encontrarse habilitadas conforme a las disposiciones contenidas en la

reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 40. – Registro Nacional de Mediación. El Registro Nacional de Mediación se

compondrá de los siguientes capítulos:

a) Registro de Mediadores, que incluye en dos apartados a mediadores y mediadores

familiares;

b) Registro de Centros de Mediación; c) Registro de Profesionales Asistentes;

d) Registro de Entidades Formadoras.

El Registro de Mediadores tendrá a su cargo la autorización, habilitación y control sobre

el desempeño de los mediadores.

El Registro de Centros de Mediación tendrá a su cargo la autorización, habilitación y

control sobre el funcionamiento de los mismos. Los centros de mediación deberán estar

dirigidos por mediadores registrados.

El Registro de Entidades Formadoras tendrá a su cargo la autorización, habilitación y

control sobre el funcionamiento de las entidades dedicadas a la formación y

capacitación de los mediadores.

La reglamentación establecerá los requisitos para la autorización y habilitación de los

mediadores, centros de mediación y entidades formadoras en mediación.

La organización y administración del Registro Nacional de Mediación será

responsabilidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

En la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional contemplará las normas a

las que deberá ajustarse el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación y cada

uno de sus capítulos.

Artículo 41. – Inhabilidades e incompatibilidades.

No podrán desempeñarse como mediadores quienes:

a) Registren inhabilitaciones comerciales, civiles o penales o hubieren sido condenados

con pena de reclusión o prisión por delito doloso;

b) Se encontraren comprendidos en algunos de los supuestos previstos en el Código

Procesal Civil y Comercial para los casos de excusación de los jueces;

c) Se encontraren comprendidos por las incompatibilidades o impedimentos del artículo

3º de la ley 23.187 para ejercer la profesión de abogado, con excepción del inciso a)

apartado 7, u otras incompatibilidades emanadas de normas específicas.

Artículo 42. – Matrícula. La incorporación en el Registro Nacional de Mediación

requerirá el pago de una matrícula anual. La falta de acreditación del pago de la

matrícula durante dos (2) años consecutivos dará lugar a que el órgano de aplicación

excluya al matriculado del Registro Nacional de Mediación.

Regularizada la situación, la reincorporación del mediador al registro se producirá en el

período consecutivo siguiente.

Artículo 43. – Quedará en suspenso la aplicación del presente régimen a los juzgados

federales en todo el ámbito del territorio nacional, hasta tanto se implemente el sistema

en cada uno de ellos, de las secciones judiciales en donde ejerzan su competencia.

Artículo 44. – Procedimiento disciplinario de los mediadores. El Poder Ejecutivo

nacional incluirá en la reglamentación de esta ley el procedimiento disciplinario

aplicable a los mediadores, centros de mediación, profesionales asistentes y a las

entidades formadoras inscriptas en los registros.

Artículo 45. – Prevenciones y sanciones.

Los mediadores matriculados estarán sujetos al siguiente régimen de prevenciones y

sanciones:

a) Llamado de atención;

b) Advertencia;

c) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de su actividad como mediador;

d) Exclusión de la matrícula.

Las sanciones aplicadas serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional

sancionado.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá por vía reglamentaria las causas sobre las que

corresponde aplicar estas prevenciones y sanciones.

Las sanciones se graduarán según la seriedad de la falta cometida y luego del

procedimiento sumarial que el Poder Ejecutivo nacional establezca a través de la

respectiva reglamentación.

El mediador no podrá ser excluido del Registro de Mediadores por causas disciplinarias

sin previo sumario, el que se desarrollará aplicándose las normas que dicte la autoridad

de aplicación.

Artículo 46. – Sentencia penal. En todos los casos que recaiga sentencia penal

condenatoria por delito doloso de un mediador, será obligación del tribunal o juzgado

interviniente comunicar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos la

pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la

misma se encuentra firme, siempre que le constare la condición de mediador del

condenado.

Artículo 47. – Prescripción de las acciones disciplinarias. Las acciones disciplinarias

prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio.

Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de

esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos dispuesta por el artículo 46 de la presente ley.

Artículo 48. – Fondo de financiamiento. Créase un fondo de financiamiento que

solventará las erogaciones que irrogue el funcionamiento del sistema de mediación,

conforme lo establezca la reglamentación.

Artículo 49. – Integración del fondo de financiamiento. El fondo de financiamiento se

integrará con los siguientes recursos:

a) Las sumas previstas en las partidas del presupuesto nacional;

b) Las donaciones, legados y toda otra disposición a título gratuito hecha en beneficio

del fondo;

c) Los aranceles administrativos y matrículas que se establezcan reglamentariamente

por los servicios que se presten en virtud de esta ley;

d) Las sumas resultantes de la multa establecida en el artículo 28 de la presente ley.

Artículo 50. – Administración del fondo de financiamiento. La administración del fondo

de financiamiento estará a cargo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos, en los términos que surjan de la reglamentación que se dicte.

Artículo 51. – Caducidad de la instancia de mediación. Se producirá la caducidad de la

instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del año a contar

desde la fecha en que se expidió el acta de cierre.

Artículo 52. – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación por el siguiente:

Artículo 34.- Deberes. Son deberes de los jueces:

1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que

este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la

delegación estuviere autorizada.

En el acto de la audiencia, o cuando lo considere pertinente, si las circunstancias lo

justifican, podrá derivar a las partes a mediación. Los términos del expediente judicial

quedarán suspendidos por treinta (30) días contados a partir de la notificación del

mediador a impulso de cualquiera de las partes y se reanudará una vez vencido. Este

plazo podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.

En los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio, en la

providencia que ordena el traslado de la demanda, se fijará una audiencia en la que

deberán comparecer personalmente las partes y el representante del Ministerio Público,

en su caso. En ella el juez tratará de reconciliar a las partes y de avenirlas sobre

cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del

hogar conyugal.

2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en

estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.

3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a) Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por

las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el artículo 36, inciso

1) e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter

urgente;

b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en

contrario, dentro de los diez (10) o quince (15) días de quedar el expediente a despacho,

según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado;

c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario, dentro de

los cuarenta (40) o sesenta (60) días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal

colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos

para sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el

segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo

de quince (15) días de quedar en estado;

d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte (20) o treinta

(30) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o

tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo el plazo será de diez (10) y

quince (15) días, respectivamente.

En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que

requiera su cumplimiento.

4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la

jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos

en este Código:

I. Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sea

menester realizar.

II. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que

adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda

diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades.

III. Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

IV. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

V. Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía

procesal.

VI. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia

en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

Artículo 53. – Sustitúyese el artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, por el siguiente:

Artículo 77.- Alcance de la condena en costas. La condena en costas comprenderá todos

los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se

hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación,

incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.

Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u

originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.

Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente.

Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el

cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 478.

Artículo 54. – Sustitúyese el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, por el siguiente:

Artículo 207.- Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas

cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, dentro de los

diez (10) días siguientes al de su traba, si tratándose de obligación exigible no se

interpusiere la demanda o no se iniciare el procedimiento de mediación prejudicial

obligatoria, según el caso, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Cuando se

hubiera iniciado el procedimiento de la mediación, el plazo se reiniciará una vez

vencidos los veinte (20) días de la fecha en que el mediador expida el acta con su firma

certificada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con la

constancia de que no se llegó a acuerdo alguno o que la mediación no pudo efectuarse

por algunas de las causales autorizadas. Las costas y los daños y perjuicios causados

serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse

nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una vez

iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su

procedencia.

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su

anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran

antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.

Artículo 55. – Sustitúyese el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, por el siguiente:

Artículo 360.- Audiencia preliminar. A los fines del artículo precedente el juez citará a

las partes a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se

hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro de

asistencia. En tal acto:

1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de

conflictos que acordarán en la audiencia. El juez podrá, si la naturaleza y el estado del

conflicto lo justifican, derivar a las partes a mediación. En este supuesto, se suspenderá

el procedimiento por treinta (30) días contados a partir de la notificación del mediador a

impulso de cualquiera de las partes. Vencido este plazo, se reanudará el procedimiento a

pedido de cualquiera de las partes, lo que dispondrá el juez sin sustanciación, mediante

auto que se notificará a la contraria.

2. Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo

361 del presente Código, debiendo resolver en el mismo acto.

3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del

juicio sobre los cuales versará la prueba.

4. Recibirá la prueba confesional si ésta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia

de uno de todos los absolventes, no impedirá la celebración de la audiencia preliminar.

5. Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará en

una sola audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del juez en

las condiciones establecidas en este capítulo.

Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o en su caso, en el

prosecretario letrado.

6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta

como de puro derecho con lo que la causa quedará concluida para definitiva.

Artículo 56. – Sustitúyese el artículo 500 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, por el siguiente:

Artículo 500.- Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones de este título

serán asimismo aplicables:

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2. A la ejecución de multas procesales.

3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, con la certificación de su

firma, salvo en el supuesto en que se hayan controvertido derechos de menores e

incapaces. En estos casos, el representante legal con intervención del ministerio pupilar,

deberá requerir previamente, la homologación del acuerdo al juez anteriormente

sorteado o al que sea competente de acuerdo a la materia. Tales actuaciones estarán

exentas del pago de la tasa de justicia.

Artículo 57. – Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal

Artículo 57. – Sustitúyese el artículo 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, por el siguiente:

Artículo 644.- Sentencia. Cuando en la oportunidad prevista en el artículo 639 no se

hubiere llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar

sentencia dentro de cinco (5) días, contados desde que se hubiese producido la prueba

ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere

equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de

la mediación.

Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias

previstas en el siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para

el pago de cada una de ellas.

Artículo 58. – Hasta el cumplimiento del término establecido en el artículo 63 de la

presente ley, el procedimiento de mediación prejudicial obligatorio se llevará adelante

con los mediadores inscriptos en el registro creado por la Ley 24.573.

Artículo 59. – Dentro de los noventa (90) días de publicada la presente en el Boletín

Oficial, los mediadores inscriptos en el registro creado por la Ley 24.573, deberán

manifestar su voluntad de mantener su inscripción en el Registro Nacional de

Mediación que crea esta ley, de la manera que disponga la reglamentación que dicte el

Poder Ejecutivo nacional.

Artículo 60. – Toda documentación relativa a mediadores o entidades formadoras que

hubiesen renunciado o se los haya dado de baja en los diversos registros que crea esta

ley o anteriores a ella, podrá ser destruida luego de transcurrido un (1) año desde la

notificación del acto administrativo, sin que se haya reclamado su devolución y

caducará todo derecho a objetar el procedimiento al cual fuera sometida y su destino

posterior.

Artículo 61. – Los recursos remanentes del fondo de financiamiento creado por Ley

24.573 pasarán a formar parte del fondo de fi- nanciamiento creado por la presente ley.

Artículo 62. – Derogaciones. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,

deróganse los artículos 1º a 31 de la Ley 24.573, y las Leyes 25.287 y 26.094.

Artículo 63. – Vigencia. Esta ley comenzará a aplicarse a partir de los noventa (90) días

de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS

AIRES, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

REGISTRADA BAJO EL Nº 26.589 – JULIO C. C. COBOS. – EDUARDO A.

FELLNER. Enrique Hidalgo. – Juan H. Estrada.

 

 

5 June, 2010 - Posted by | Uncategorized

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